En dos ocasiones nos reunimos en el último mes como Comisión de Medio Ambiente del Senado para revisar la propuesta de Area Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) para el norte de la región de Coquimbo y el sur de la de Atacama, a solicitud de organizaciones de la comuna de La Higuera que no fueron informadas ni tomadas en cuenta en esta decisión del gobierno.
En un principio fueron pescadores de La Higuera y autoridades comunales quienes reclamaron por la escasa participación para determinar un área de protección, que aparentemente afectaría sus actividades productivas y otras que están proyectadas en la zona, apuntando al Seremi de Medio Ambiente como responsable. Fue a solicitud de ellos que convocamos a la Ministra de Medio Ambiente a esta comisión del Senado, para que diera a conocer algunos alcances de esta Área. En todo caso, a pesar de la solicitud de más información y participación que se hizo en una primera instancia, de todas maneras se convocó y procedió a aprobar esta área protegida en una sesión del Comité de Ministros el pasado 11 de agosto.
Hoy las dudas y los cuestionamientos y las críticas por la poca participación en este proceso se mantienen y van en aumento. Estos días pudimos escuchar y leer las aprehensiones del principal gremio de pescadores artesanales de la región, como es FETRAMAR, quienes se enteraron por la prensa de esta decisión de crear el Area Marina Costera Protegida de Múltiples Usos, sin ser consultados y sin tener información de si podrán seguir realizando sus actividades en un amplio territorio marítimo. Lo mismo plantean armadores artesanales crustaceros que no saben cómo les afectará esta determinación. Esto les ha llevado a anunciar acciones para revertir la declaración de área protegida.
Fue precisamente para promover la participación ciudadana en la toma de este tipo de decisiones que aprobamos el Acuerdo de Escazú, algo que promovió el actual gobierno pero que lamentablemente no ha utilizado. Hoy es deber del gobierno, al menos, informar y permitir la participación ciudadana en la redacción del reglamento del Area Marina Protegida de Múltiples Usos, y entender que no se puede seguir tomando decisiones sin escuchar a los principales afectados.