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Hace unas semanas le transmití al Fiscal Nacional Angel Valencia que sería una buena idea reunirse con alcaldes de la Región de Coquimbo, para conocer de primera fuente la realidad de la delincuencia en cada comuna y a lo que se espera responda el Ministerio Público en materia de persecución penal. Cabe destacar que este viernes, en su primera visita a la región, se concretó este encuentro.

En una honesta reunión de trabajo pudo escuchar la realidad de cada comuna respecto a delincuencia,crimen organizado y narcotráfico, que no escapa a la nueva criminalidad que enfrentamos en todo el país. Una más violenta y que no mide consecuencias, que exige mayor coordinación entre todas las autoridades y especialmente con los municipios; que a ojos de la población son los que primero deben dar respuesta a cualquier problema social y comunitario, incluida la inseguridad.

A partir de este encuentro, el Fiscal Nacional y el Fiscal Regional se quedan con tarea para dar respuestas concretas a la persecución del narcotráfico, incluida la producción de droga y la violencia con que operan estas bandas criminales en localidades rurales y en las ciudades, con asesinatos y delitos de tortura. También con hechos que pueden parecer menores en comunas y localidades pequeñas, pero que provocan gran impacto entre quienes viven allí.

Los 20 homicidios registrados en la región en lo que va del año requieren primero que se haga justicia, pero también unidades de análisis que puedan determinar cuáles son los elementos comunes, si hay conexión con el narcotráfico, con el crimen organizado. Tenemos realidades locales que hemos conversado con el Ministerio del Interior, particularmente respecto al Choapa y el valle de Quilimarí. Necesitamos presencia del OS7 a través de una unidad en la prefectura Limarí-Choapa, algo que conversamos también con el General de Zona.

Mientras, desde el parlamento y a partir de este fast track legislativo, con 31 proyectos prioritarios en materia de seguridad, vamos a seguir dando a fiscales y policías todas las atribuciones que necesitan para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, según dan cuenta los proyectos que ya aprobamos en el Congreso Nacional.