Hace una semana en esta columna explicamos la importancia de aprobar la Ley Nain-Retamal. Se trataba no solo de crear un estatuto de protección a las policías –que con las indicaciones que ingresamos con la senadora Rincón extendimos a las Fuerzas Armadas y Gendarmería-, sino que por esta vía recuperar, bajo el uso legítimo de la fuerza en democracia, territorios que hoy son controlados por el narco. Pese a que gran parte de los diputados de Apruebo Dignidad votaron en contra de la indicación concordada con el propio Gobierno, el proyecto logró aprobarse por una amplia mayoría. A pesar de la amenaza de su propia coalición de recurrir al Tribunal Constitucional, el trágico asesinato del Cabo Daniel Palma (QEPD) precipitó la promulgación presidencial. Atrás quedó también la reserva de constitucionalidad anunciada por la senadora Provoste y la solicitud de veto presidencial del senador Huenchumilla.
Pero el sentido de urgencia de la agenda de seguridad no puede concluir con las 7 leyes promulgadas esta semana (incluyendo las de sicariato, secuestro exprés, extorsión y porte de armas en lugares concurridos, entre otras) sino que debe prolongarse a otras que también demandan prontitud, a saber: 1) Las que amplían facultades de control migratorio, como la que permite un control de identidad focalizado para efectos de fiscalizar la Ley de Extranjería, de la diputada Joanna Pérez, o la que ingresamos con la senadora Rincón para restablecer presencia de las FFAA en la frontera de manera permanente, obligando a migrantes a exhibir documentación; 2) La que crea los tribunales de ejecución de penas, impidiendo beneficios a reincidentes; 3) La nueva Ley de Inteligencia, en trámite en la Cámara de Diputados; 4) Las que crean el Ministerio de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Privada, ambas en trámite en la comisión de seguridad del Senado. También resulta fundamental promulgar de una vez por todas la Ley que entrega mayores herramientas en el combate al Crimen Organizado, inexplicablemente trabada en el Tribunal Constitucional por un requerimiento de diputados de Chile Vamos.
Seguir legislando con sentido de urgencia los proyectos de seguridad no es una opción, sino una obligación.