Producto de mucho diálogo y disposición para llegar a un amplio acuerdo se aprobó en el Senado, en segundo trámite, el Royalty Minero que incorporará importantes recursos a todas las regiones del país, con especial énfasis en aquellas donde se desarrolla la actividad y conviven con las externalidades negativas.
Este proyecto despachado desde el Senado a la Cámara de Diputados para su tercer trámite tiene una doble virtud. Permite otorgar certeza a las inversiones, estableciendo una tasa máxima impositiva que da seguridad a los inversionistas de que con todos los impuestos de fuente chilena que debe pagar, incluyendo el impuesto adicional del 35%, el impuesto a la renta, el impuesto específico a la minería propiamente tal, el Royalty, nunca va a pagar una tasa mayor al 46,5%, en el caso de compañías que produzcan menos de 100 mil y más de 80 mil toneladas de cobre fino. Además, establece incentivos a la expansión de aquellos proyectos que aún llegan a ese nivel de producción y se acordó disminuir los tiempos de tramitación de las inversiones mineras.
Por otra parte el Royalty Minero permitirá una recaudación muy atractiva para las comunas, especialmente en la región de Coquimbo. Son 30 mil millones de pesos anuales, y particularmente en el fondo de compensaciones mineras hay un beneficio especial para aquellas en donde hoy se concentra la actividad productiva, como es el caso de Salamanca, Los Vilos, Andacollo. Esto también va a producir un incentivo virtuoso para que los propios municipios, al ver el retorno tangible de la actividad minera, puedan promover los proyectos de inversión. Por ejemplo, si estuviera operativo el proyecto minero Dominga y el puerto de Cap, comuna de La Higuera, podría beneficiarse con cuantiosos recursos producto deeste Royalty. Esto va a generar una presión, en el buen sentido de la palabra, de las comunas mineras para que se promuevan proyectos de inversión.
Esperamos que la Cámara de Diputados ratifique a la brevedad este proyecto de Royalty, para que se pueda contar con estos recursos que deberán traducirse en proyectos y programas, por ejemplo en seguridad, salud, infraestructura e inversión social en cada comuna.