La permanencia en su cargo para la Gobernadora Regional de Coquimbo resulta absolutamente insostenible. Mientras seguimos a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema respecto a una sanción de suspensión por tres meses, dictada por parte de la Contraloría; y existe otra en el TRICEL por notable abandono de deberes, se suman cada vez nuevos elementos y voces para solicitar su salida permanente.
Los capítulos de esta semana son la gota que rebasó el vaso. Hace meses que los funcionarios del Gobierno Regional han mantenido legítimas manifestaciones en contra de la Gobernadora, acusando despidos injustificados y maltrato laboral contra nuevos profesionales, y especialmente contra funcionarios de carrera, que han servido en todos los últimos gobiernos democráticos, e incluso desde antes. Por ello, el llamado a Carabineros para desalojar a estos mismos trabajadores cuando se manifestaron en la última sesión de Consejo Regional es mucho más que una falta de criterio, intentando expulsarlos de su propio lugar de trabajo, distrayendo, además, personal policial que podría estar en los barrios.
Y la valiente denuncia de extorsión por parte de funcionarios públicos, suma ahora un grave delito que debe ser investigado en profundidad por parte del Ministerio Público y sancionado de manera ejemplar por tribunales, de establecerse la veracidad de los hechos. ¿De qué estamos hablando? De “cortar la cola”. De que la Gobernadora Regional le exigía parte de su sueldo, desde los 50 mil hasta 500 mil pesos, a funcionarios a su cargo, a cambio de promoverlos, aumentarle la remuneración o simplemente no despedirlos. La grave denuncia de los funcionarios que está en manos del Ministerio Público apunta a que así se buscaba financiar parte de una campaña a la reelección en el cargo.
La Gobernadora Naranjo, además, tiene permanentemente la peor ejecución del presupuesto regional en todo el país, y a la pésima relación con sus trabajadores se suma la nula coordinación con las y los consejeros regionales. Precisamente esto ha dificultado acordar una cartera de proyectos en cada una de las provincias, donde necesarias obras se mantienen pendientes de ejecución, no dando así respuesta a los urgentes requerimientos de la ciudadanía.
Por el bien y el desarrollo de la región de Coquimbo, por la salud de los trabajadores, por la dignidad del servicio público, la Gobernadora Krist Naranjo debe renunciar a su cargo. Ya no se puede más.