Esta semana conocimos de una bochornosa sesión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático que, entre gallos y medianoche, pretendió revisar el Área Protegida de Multiples usos (AMCP-MU) para las regiones III y IV. De inmediato los ministerios de Hacienda, Minería, Obras Públicas y Transportes, dando una demostración de seriedad, advirtieron a Medio Ambiente que no se contaba con la información suficiente para tomar una decisión tan relevante para el desarrollo sustentable de la zona y exigieron postergar la decisión, como de hecho ocurrió.
Particularmente explícito fue el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, quien junto con admitir que su repartición votaría a favor de la propuesta, llamó la atención de los efectos de una decisión de esta naturaleza, que podría afectar a los puertos de los proyectos mineros Cruz Grande y Dominga, e incluso a futuras plantas desaladoras, cuya pertinencia ya es materia de un consenso regional. La guinda de la torta se advirtió al día siguiente, cuando se descubrió que el Seremi de Medio Ambiente había faltado a la verdad respecto de la concesión marítima con la que cuenta el proyecto minero portuario Dominga, lo que le valió una querella por el delito de prevaricación.
Pero lo más grave de todo este bochorno e improvisación del Gobierno en una decisión que puede afectar inversiones por miles de millones de dólares, permitiendo la generación de miles de puestos de trabajo, es la nula consulta al Alcalde y el Concejo Municipal de La Higuera como representantes legítimos de los habitantes de la comuna, tal como lo manifestó su primera autoridad, Yerko Galleguillos, directamente a los ministros en cuestión, acompañado de dirigentes sociales de la comuna y de la Región de Coquimbo.
Nadie se puede oponer a que exista un AMCP-MU en la comuna de La Higuera. En mi calidad de miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Senado creo más que nadie en el desarrollo sustentable, pero ésta se debe generar sin hipotecar el desarrollo de puertos y plantas desaladoras, y consultando siempre a las comunidades afectadas. Para eso aprobamos Escazú, salvo que la coalición que nos gobierna piense que la participación es válida sólo cuando los habitantes se oponen a los proyectos de inversión.