Resultaba de verdad inexplicable la decisión de la justicia, a través del Juzgado de Garantía de Ovalle, de otorgar la libertad bajo fianza por 2 millones de pesos cada uno a 23 imputados por narcotráfico detenidos por la PDI, acusados de delitos graves como el tráfico de drogas (se incautaron 1.600 kilos de marihuana y armas) y lavado de activos. Al menos la Corte de Apelaciones de La Serena pudo poner algo de orden en este caso, al acoger la apelación del Ministerio Publico y decretar la prisión preventiva. El Problema es que hay que encontrar nuevamente a los imputados, pero muchos de ellos no están ubicables, y no sabemos si los podrán encontrar para ponerlos nuevamente a disposición de la justicia.
Lamentablemente situaciones como estas no son aisladas en el tribunal de Ovalle y en otras zonas del país, donde se ha hecho reiterado que la Corte de Apelaciones deba revertir decisiones iniciales que son contrarias a proteger a la ciudadanía de personas que representan un claro peligro para la sociedad, debido a la violencia con que cometen delitos u otras características que ameritan mantenerlo con la cautelar de privación de libertad, esto es cárcel, mientras se termina la investigación y se dicta sentencia definitiva.
Creemos que es necesario y urgente que el sistema judicial reconozca la gravedad de problema y entre todos estemos de acuerdo en que se deben adoptar medidas mas decididas. El proyecto de ley que presentamos en junio pasado, para que imputados por organizaciones criminales no puedan acceder a la libertad bajo fianza, es un paso en la dirección correcta y por ello estamos pidiendo al Ejecutivo la Urgencia para tramitarlo y transformarlo en ley. En el proyecto decimos que cuando existan presunciones fundadas de que alguien pertenece a una organización criminal -que actúa con organización y alto niveles de violencia- el riesgo de fuga o reincidencia es altísimo; por tanto, no debería haber cabida para flexibilidad judicial y la prisión preventiva debe ser una norma obligatoria para quienes representen un peligro real para la sociedad.
Un último aspecto a considerar es que la prisión sea una sanción efectiva. Para ello hemos también presentado un proyecto de ley que reforme el sistema carcelario, que de verdad impida que los reos sigan cometiendo delitos y liderando bandas, si de verdad queremos terminar con la delincuencia en nuestro país.