¿Recuerdan la colusión del papel higiénico? ¿La de los medicamentos? ¿La colusión de los pollos? ¿Los casos de estafa y otros delitos económicos que han quedado sin sanciones reales y hasta con simples clases de ética? Esta semana se despachó a ley nuestro proyecto que sanciona de verdad, con cárcel, fuertes multas -y sin penas sustitutivas- todos los delitos económicos y medioambientales.
Este proyecto de ley lo presentamos y comenzamos a tramitar el año 2019 en la Cámara de Diputados, antes del estallido social, y me correspondió liderarlo entonces como presidente de la Comisión de Constitución, con el apoyo de un destacado grupo de profesores de derecho penal. Lo despachamos al Senado y el destino quiso que me correspondiera continuar empujando este proyecto como presidente de esa comisión en la Cámara Alta, hasta que se aprobó en su trámite final.
La nueva ley sistematiza todos de delitos económicos, como la colusión, el uso y abuso de información privilegiada, fraudes, estafas y delitos bursátiles, además de delitos ambientales incluido el robo de agua. Se aumenta la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sobre todo de empresas, estableciendo un sistema especial de determinación de las penas. ¿Qué significa esto? Que en delitos económicos como la colusión, por ejemplo, aún cuando el gerente de una empresa que planifica y ejecuta el delito tenga irreprochable conducta anterior; puede sufrir la pena efectiva privativa de libertad. Además se incorpora el comiso de ganancias ilegítimas. ¿Qué significa esto? Que en cualquier caso de enriquecimiento que provenga de un hecho ilícito, se puede decomisar a esa persona y a sus herederos los bienes adquiridos con esas ganancias fraudulentas, lo que también incluimos en la ley contra el crimen organizado. Además, considera la aplicación de días multa, que significa una multa por cada día que se mantuvo cometiendo la infracción.
Se trata de una ley que trabajamos durante 4 años, de más de 640 paginas y que es considerada la reforma más importante en la historia del código penal de la justicia chilena. Una moción parlamentaria que habíamos comprometido y que permitirá hacer más evidente esto de la igualdad ante la ley.