En conversación con El Líbero, el senador de Demócratas aseguró que “claramente la institución del Consejo de Ministros, con su variable política, está absolutamente deslegitimada”. Asimismo, agregó que “no me cabe duda que el Tribunal Ambiental de Antofagasta, el gobierno lo sabe, va nuevamente a invalidar esta clasificación del Consejo de Ministros y exigirá que la evaluación se ciña estrictamente a parámetros técnicos, ambientales, jurídicos y no políticos”.
Esta mañana, el Comité de Ministros compuesto por los titulares de Medio Ambiente, Economía, Salud, Energía, Minería y Agricultura rechazó el proyecto Dominga que la empresa Andes Iron planea instalar en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. Una inversión de 2.500 millones de dólares cuyo rechazo por esta instancia era esperable, atendiendo la oposición que ha manifestado incluso el Presidente Gabriel Boric.
El hecho abre algunas interrogantes acerca del proceso, por lo que en Mirada Líbero conversamos con el senador por la zona, Matías Walker, quien aseguró que “no me sorprende. Habla claramente de que esta es una decisión política muy alejada de los parámetros ambientales y técnicos que había resuelto el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Uno hubiese esperado que esta decisión se sujetara a parámetros jurídicos, ambientales y no fue así”.
A lo anterior, el parlamentario de Demócratas agrega que “cuando el propio Presidente de la República dice en su campaña presidencial ‘No a Dominga’, ¿de qué manera, en un régimen presidencial, los ministros tienen la libertad para opinar desde el punto de vista técnico, ambiental o jurídico para calificar un proyecto de esta naturaleza?”.
Asimismo, adelanta que “lo que va a pasar de ahora en adelante es crónica de un trámite anunciado. Probablemente, el Tribunal Ambiental de Antofagasta, al revisar nuevamente la reclamación del titular del proyecto va a determinar, nuevamente, que la resolución del Consejo de Ministros no se ajustó a parámetros jurídicos, estrictamente ambientales. Creo que el Presidente Boric, al igual que el tema de los indultos, le habló a su barra brava y no le está hablando a la gran mayoría de los habitantes de la comuna de La Higuera, de la región de Coquimbo, que se encuentra en recesión económica”.
Respecto a la fundamentación que explicó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, el senador de Demócratas indicó que “los parámetros ambientales respecto del fondo los había establecido el Tribunal Ambiental de Antofagasta y esta resolución no se atiene para nada a esos parámetros. Es cosa de ver las fundamentaciones de los detractores del proyecto. Hablan como si el proyecto se habilitara en la zona aledaña al santuario de la naturaleza de los pingüinos de Humboldt, pero está a más de 30 km. El mismo Consejo de Ministros aprobó un puerto del proyecto minera CAP que está más cerca del santuario que el proyecto de minera Dominga. Incluso el titular del proyecto ofreció no construir un nuevo puerto si no que utilizar el mismo puerto que ya está aprobado técnicamente”.
Walker: “Los parámetros ambientales no existieron”
Walker añade que el impacto en la zona no iba a ser significativo: “Estamos hablando de un barco a la semana, cuando son más de 2.300 barcos los que actualmente se movilizan al año en torno a esa zona, por lo tanto los parámetros ambientales no existieron, es una decisión absolutamente política, el gobierno le sigue hablando al 25% que le queda de partidarios y no a la gran mayoría del país, lo mismo que pasó con los indultos”.
Por otro lado, Walker se refirió al impacto que puede tener esta resolución en la inversión en el país, y con el discurso del gobierno frente a inversionistas extranjeros, indicando que “se contradice absolutamente. Es público y notorio que había inversionistas chinos interesados en participar de este proyecto. China es uno de los países que demandará más producción de hierro en el mundo, ¿de qué sirve que vaya el Presidente al extranjero, se reúna con el Presidente chino, invite a los inversionistas si estas decisiones no se adoptan con criterios ambientales, técnicos, sino que con criterios políticos”.
Además, Walker recuerda que “esta decisión llega ad portas de la votación del proyecto de royalty en el Senado. Entonces, ¿para qué el gobierno está promoviendo un royalty a la minería si no quiere seguir desarrollando la minería privada en nuestro país? Es una de las preguntas que cae de cajón. Es una gran contradicción”.
Walker: “La institución del Consejo de Ministros está absolutamente deslegitimada. Creo que hay que eliminarlo”
Respecto a las críticas que ha recibido el Consejo de Ministros, el senador Walker sostiene que “claramente la institución del Consejo de Ministros, con su variable política, está absolutamente deslegitimada. Creo que hay que eliminarlo como etapa dentro del trámite ambiental de los proyectos. Esto debería someterse solamente a la tramitación del SEIA y también con pronunciamiento del Tribunal Ambiental que es un órgano especializado”.
Y añade que “todo lo que el gobierno hizo para aprobar el Acuerdo de Escazú no se condice con esta decisión. El gobierno, por una parte, promueve de acuerdo al Tratado de Escazú la consulta a las comunidades afectadas por el proyecto y esa consulta la hizo el alcalde de La Higuera y el resultado fue de 96% de apoyo al proyecto. Parece que Escazú solo tiene validez para el gobierno solo cuando las comunidades rechazan el proyecto, no cuando los aprueban».
Walker: “No me cabe duda que el Tribunal Ambiental de Antofagasta va a invalidar esto”
Sobre el ánimo en la zona de La Higuera, Walker plantea que “la comunidad queda con una gran decepción. Ellos veían oportunidades reales de desarrollo, no solamente de inversión y empleo, el titular del proyecto se había comprometido a otorgar agua a través de plantas desaladoras a todos los sistemas de Agua Potable Rural, estamos hablado de una de las comunas más pobres de la región de Coquimbo, que duerme sobre una de las zonas productivas de hierro más grande del mundo”.
Finalmente, Walker asegura que “no me cabe duda que el Tribunal Ambiental de Antofagasta, el gobierno lo sabe, va nuevamente a invalidar esta clasificación del Consejo de Ministros y exigirá que la evaluación se ciña estrictamente a parámetros técnicos, ambientales, jurídicos y no políticos”.