Opinión, Diario El Día, 22 de agosto 2021
La venta de parcelaciones irregulares o de Loteos Brujos es un grave problema que estamos enfrentando en la región y en todo el país. Se ofrece cesiones de derechos en sectores rurales, ni siquiera parcelas que tengan títulos individuales; y hay que decirle a las personas que es una estafa, porque las familias creen que van a poder optar a urbanizar esos sitios, que podrán tener agua potable, que tendrán alcantarillado y electrificación, pero nada de eso está garantizado al comprar con una cesión de derechos.
Convocados por el presidente de la asociación de sistemas de agua potable rural de la provincia de Limari, don Luis Alfaro, nos reunimos para discutir, además, los graves efectos que están teniendo sobre la demanda de agua potable. Es un hecho la venta irregular de estos lotes que no cumplen con la exigencia de subdivisión de 5.000 m², o que exceden la norma y el espíritu de la ley, que establece que en estos terrenos agrícolas sólo se puede construir la casa habitación para el propietario y trabajadores. Claramente se ha abusado de esta norma de cesiones de derechos, constituyendo una proliferación de viviendas en terrenos que debieran estar por ley y por reglamento destinados al uso agrícola.
Es relevante mejorar la fiscalización que deben realizar la direcciones de obras, los notarios y los conservadores de bienes raíces en el cumplimiento de la ley, con el objeto de evitar que, además, deba ser el Estado el que a través de camiones aljibe termine abasteciendo de agua a Loteos que son irregulares y cuyos dueños han sido a veces víctimas de engaño, cuando les prometieron que a través de cesiones de derecho podrían adquirir terrenos urbanizados.
Y es importante, además, avanzar en un proyecto de ley de iniciativa exclusiva del gobierno por tener injerencia en la administración financiera del Estado, con el objeto de establecer un máximo de superficie habitable construida en dichos lotes agrícolas, que no debiera exceder del 5% en sitios de 5.000 metros, vale decir, no más de 250 metros cuadrados construidos en ese terreno, de tal manera de respetar la destinación agrícola de los inmuebles.
Celebro la iniciativa de los sistemas de agua potable rural de Limarí y la región que nos convocaron a discutir este problema; y es fundamental seguir trabajando con los municipios, con cuyos alcaldes compartimos en este encuentro, con el objeto de mejorar la legislación, la fiscalización y terminar con esta malas prácticas que se traducen en una estafa a partir de una promesa que resulta imposible cumplir.