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Ayer conocimos la sentencia para quienes habían sido declarados previamente culpables del robo con homicidio de la niña Tamara Moya: Presidio perpetuo calificado para el autor mayor de edad (se sumó pena de 5 años por tráfico de drogas) y 10 años de internación definitiva para el adolescente condenado. Tamara fue víctima de un homicidio en las más crueles circunstancias: sus padres, al ser víctimas de un portonazo, como tantos que ocurren a diario en nuestro país, le advirtieron a los delincuentes que en el interior del vehículo estaba su pequeña hija; les rogaron poder sacarla y que se llevaran el auto. Sin embargo, no les importó nada los ruegos de los padres, convirtiéndose esta linda niña en parte de un terrible listado de chilenos y chilenas que han perdido la vida a manos del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

En su memoria, y en el de tantos niños y niñas víctimas de estos desalmados, como la pequeña Agustina Ceballos de Ovalle, de la Población El Mirador (el principal inculpado de su homicidio se encuentra prófugo de la justicia) es que impulsamos nuestro proyecto de Ley Tamara, que propone consagrar una agravante de responsabilidad penal cuando un niño, niña o adolescente es víctima de un delito; lo mismo cuando la víctima es un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad. El proyecto ya lo despachamos en la Cámara de Diputados y fue aprobado en general tanto en la comisión de Constitución que presido, como en la sala del Senado. Ayer se venció el plazo para presentar indicaciones, lo que nos permitirá avanzar ahora en la votación en particular, de manera que la Ley Tamara sea una realidad este año 2022.

Qué duda cabe que la principal preocupación de los chilenos es la seguridad ciudadana: un desafío que debemos enfrentar sin complejos, ambigüedades ni vacilaciones, como lo estamos demostrando en la tramitación de proyectos relevantes como la Ley Tamara, la que otorga mayores herramientas a policías y fiscales para perseguir el narcotráfico, la infraestructura crítica, y nuestro proyecto de delitos económicos, para que delitos como la colusión también tengan penas efectivas.