La semana que termina el Congreso tomó la decisión de suspender la semana regional y fijar sesiones extraordinarias para abocarse a la discusión y votación de 7 proyectos clave en materia de seguridad ciudadana, entre ellos los que dicen relación con control de identidad para efectos migratorios; también respecto de los delitos de secuestro, extorsión, sicariato o porte de armas en lugares masivos, entre otros.
Junto a ellos la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por el PS Raúl Leiva, tomó la correcta de decisión de refundir una serie de proyectos (incluido uno de los propios diputados PS), para generar una estatuto de protección a las policías. El proyecto, que se votó en medio de los funerales de la Sargento Rita Olivares, se aprobó por amplio margen, con el beneplácito del gobierno. El proyecto despachado contiene, bajo ciertos supuestos de agresión a las policías, una suerte de presunción de legalidad en su actuar; algo que no es ajeno en la legislación comparada, como la uruguaya.
Sin embargo todo cambió en el Senado y en 24 horas el Gobierno –coincidiendo con la crítica del PC al Presidente por el apoyo a Carabineros en el marco del “Día del joven combatiente”– cambió su discurso, generando además la peligrosa caricatura del “gatillo fácil”. Las indicaciones del ejecutivo cambiaron la presunción de legalidad por una eximente de responsabilidad en el Código de Justicia Militar, que entiende que hubo necesidad del uso racional del arma para intentar impedir delitos que atenten contra su vida o “gravemente contra su integridad física”. O sea que en cuestión de segundos el policía tiene que analizar si el ataque contiene la suficiente gravedad contra su vida para poder disparar. Una norma de suyo exigente, que dudo habría autorizado al asesinado cabo Salazar a disparar a sus agresores, cuando antes de matarlo, los homicidas le lanzaron botellas.
La votación del próximo martes no es una votación de normas procesales, sino que tiene que ver con una decisión política: si las fuerzas de orden y seguridad pueden hacer uso de su arma fiscal o no para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.