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El compromiso de la Ministra de Obras Públicas de licitar a fines del presente año 2024 plantas desaladoras multipropósito en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa. Este fue el resultado más concreto de la sesión de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, que se desarrolló en Ovalle, epicentro de este terremoto silencioso en el que se ha transformado la grave sequía que enfrentamos.

Al principio no había quedado claro en la presentación de la Ministra el carácter multipropósito de las futuras plantas desaladoras, y por eso lo aclaró ante nuestra insistencia deque tal como lo permite la reciente ley aprobada en el Congreso Nacional y promulgada por el Presidente, debían ser preferentemente para el consumo humano, para los Sistemas de Agua Potable Rural, pero también para actividades productivas como la agricultura, tal como lo han pedido los alcaldes y las organizaciones gremiales, entendiendo la importancia para la producción de alimentos, la generación de empleo, que las familias rurales puedan seguir viviendo allí, dinamizando, además, la economía de ciudades y localidades.

Junto con estas anheladas obras, que debieran entrar en funcionamiento el año 2029, deben existir medidas de corto plazo. Por ello exigiremos que el decreto de zona de catástrofe considere mayor dotación de agua en camiones aljibe para sectores rurales, considerando el aumento de población; para el agro, exención del pago de contribuciones y suspender los remates, entre otras acciones urgentes, porque no hay tiempo que perder.

El poder asegurar la disponibilidad del recurso hídrico es demasiado evidente y sólo dos ejemplos. Esta semana los directivos de los sistemas de agua potable rural del Rio Huatulame, en Monte Patria, nos hicieron ver los problemas para poder cumplir con este servicio, en una reunión que sostuvimos en una sede que no tenía agua. Al día siguiente, en el pueblo de Limarí nos reunimos con 150 familias que trabajan por su vivienda propia y esto depende hoy de poder contar con factibilidad de agua. Una desaladora permitiría entregar agua a 68 mil familias en la ruralidad y hacer factible proyectos de vivienda.